INTRODUCCION

El mayor desafío en nuestro mundo de hoy es la necesidad de identificar e implementar soluciones a las crisis ambientales latentes de nuestro planeta.

Todo nuestro planeta está experimentando el impacto del cambio climático, los países más pobres son particularmente vulnerables y es probable que sufran más. Sus derechos corren un gran riesgo por fenómenos meteorológicos, repercusiones en la salud humana, inseguridad alimentaria, pérdida de medios de vida y dificultad para acceder a fuentes de agua potable. La reciente pandemia de COVID-19 ha empeorado significativamente una situación que ya era precaria.

La Amazonia de América Latina es un recurso importante, no solo para la región sino también para el mundo entero y juega un papel fundamental no solo en la defensa de nuestro medio ambiente natural sino también en la promoción de economías alternativas para cuidar nuestro mundo. Este último refleja los sistemas comunitarios, que crean espacios biogeográficos que tienen un valor estratégico en la conservación de la biodiversidad, la cultura y la identidad frente al calentamiento global. Este marco podría aplicarse a todos los ecosistemas de América Latina y el Caribe contribuyendo a un cambio de sistema tanto regional como mundial.

Es necesario contar con acuerdos multilaterales eficaces a nivel mundial y regional. Esto permitiría a los países acceder a recursos de justicia ambiental, económica, política y social para apoyar el desarrollo inclusivo y sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe son dos de esas iniciativas.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, marca el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental en la región y el mundo que incluye disposiciones sobre defensores de derechos humanos ambientalistas.

 “El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe” fue adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018. Negociado por los Estados con sociedad civil significativa y el compromiso con el público en general, este Acuerdo confirma el valor de las dimensiones regionales del multilateralismo para el desarrollo sostenible.

 Este Tratado es innovador. Realiza una importante contribución a la gobernanza democrática al garantizar el derecho a la igualdad de género, un medio ambiente sano y un desarrollo sostenible, centrado en las personas y los grupos vulnerables. Establece prioridades urgentes para la gestión y protección ambiental desde una perspectiva regional; regula los derechos de acceso a la información y participación pública; y aboga por la justicia en el uso sostenible de los recursos naturales. Apoya la conservación de la biodiversidad para el establecimiento de una mayor confianza, estabilidad y transparencia en nuestras sociedades.

 EL PROCESO DE FIRMA DE ESCAZÚ Y SU IMPLEMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 El Acuerdo de Escazú prioriza el desarrollo sostenible integral:

 “… Al involucrar a la ciudadanía en todas las decisiones que les afectan y establecer una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuestros países están refutando la falsa dicotomía entre protección ambiental y desarrollo económico. El crecimiento no puede tener lugar a expensas del medio ambiente y el medio ambiente no se puede administrar si se ignoran nuestras economías y pueblos.

 La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas también son fundamentales para el desarrollo sostenible.

 Los mecanismos contenidos en el Acuerdo pueden servir como base para regulaciones para prevenir, controlar y limitar los sistemas de producción motivados por la maximización de las utilidades y de las ambiciones, independientemente de su riesgo para el medio ambiente.

 Se trata de un Acuerdo regional que involucra a los 33 países que componen América Latina y el Caribe o todos los que lo ratifican. El Acuerdo requiere un mínimo de 11 países ratifiquen el Acuerdo para que entre en vigor. 24 países han firmado los Acuerdos y los once países necesarios los han ratificado (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana y Jamaica, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Argentina y México).

 El Acuerdo de Escazú tiene muchos opositores que lo perciben como una grave amenaza. Estos sectores opuestos están polarizando las discusiones y están presionando para que los Estados no sumen su apoyo y firmas a este Acuerdo. Esta disensión está provocando una polarización social en algunos países como Chile, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

 Es importante aclarar que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo suscrito por Estados, pero no establece obligaciones y derechos sustantivos entre Estados. Es urgente la entrada en vigor de este instrumento, el primero a nivel internacional en extender una protección especial a quienes defienden el medio ambiente. América Latina ya está enfrentando los efectos del cambio climático, incluida una pérdida acelerada de biodiversidad y la falta de protección del suelo y las fuentes de agua potable en muchas partes de la región. Igual de importante es la necesidad de abordar los errores del pasado, de restablecer la participación de los ciudadanos y los pueblos indígenas en la justicia ambiental.

 La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú envía un fuerte mensaje a la comunidad nacional e internacional sobre el compromiso de nuestra región con los derechos humanos en materia ambiental. Abre espacios a la cooperación internacional para implementar los principios de la cooperación al desarrollo dentro de los planes nacionales, políticas, estrategias y programas ambientales y socioeconómicos formulados por los Gobiernos y Organizaciones sociales civiles (OSC).